El martes, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que “una política de la Oficina Federal de Prisiones que excluye a asesinos, violadores y otras personas con delitos violentos en su registro de un programa de liberación anticipada no es válida porque las autoridades no han explicado por qué esos reclusos no son elegibles."
El LA Times informó que el panel del Noveno Circuito no dijo que la oficina "no podía hacer tales exclusiones, solo que la oficina no había explicado adecuadamente su razón para hacerlo".
Según la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, “las agencias gubernamentales están obligadas a justificar sus reglas y procedimientos, y luego ofrecer al público la oportunidad de comentar o hacer propuestas”.