A principios de este año, el Senador Franken introdujo una enmienda (S.2588) al Proyecto de Ley de Asignaciones de Defensa FY2010 que restringiría la financiación a los contratistas de defensa que comprometen a los empleados a un arbitraje vinculante obligatorio en caso de agresión sexual. La legislación, respaldada por 61 grupos de mujeres, laborales y de interés público, se inspiró en la historia de jamie leigh jones.
El Huffington Post informó el día de hoy:

Una enmienda que evitaría que el gobierno trabaje con contratistas que nieguen a las víctimas de agresión sexual el derecho a llevar su caso ante los tribunales ha sobrevivido a los intentos de atenuar su impacto y parece estar a punto de convertirse en ley.
…El producto final, al final, demostró ser notablemente fuerte. Según un ayudante de Franken, la sustancia del lenguaje “no ha cambiado”. Según la enmienda, el gobierno no podría hacer negocios con empresas que nieguen audiencias judiciales para víctimas de agresión, encarcelamiento falso, imposición intencional de angustia emocional o práctica de contratación negligente. La controvertida disposición del Título VII, que permitiría a las víctimas de agresión demandar a los empleadores del presunto perpetrador y no solo al perpetrador mismo, permanece en el proyecto de ley. En tanto, el umbral en el que las empresas estarán sujetas a la legislación está fijado en aquellas que tengan contratos por un monto de $1 millón o más.
En total, la legislación afectaría a todos los contratistas principales y muchos menores, obligándolos a elegir entre permitir litigios para sus empleados o perder los cientos de millones de dólares que el gobierno federal distribuye anualmente en contratos.

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